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Estamos continuamente inundados por recortes públicos y subida de impuestos, que realizan todas las Administraciones de nuestro entorno. Todas estas medidas tienen un único objetivo: reducir el déficit para que no se dispare la deuda, tal como manda la ortodoxia del Banco Central Europeo. En concreto, el déficit público máximo que se firmó con Bruselas para 2012 es el 6,3%.

En este post nos queremos centrar en el tema de los impuestos, y en si las últimas subidas que ha habido han sido efectivas. Efectivas en términos de los presupuestos del Estado, es decir, en términos de maximización de la recaudación de impuestos por parte de la Hacienda Pública.

En 2012 se han subido impuestos de todo tipo, siendo los más destacados el IRPF (han subido todos los tramos) y el IVA (también subieron todos los tipos excepto el superreducido, que se ha quedado en el 4%).

Para entender si una subida de impuestos implica mayor recaudación fiscal, hemos de tener en cuenta la Curva de Laffer, que muestra cómo varía la recaudación fiscal al modificar los tipos impositivos, como vemos en el siguiente gráfico:

 Curva-Laffer

La curva muestra en abscisas los tipos impositivos posibles (t) y muestra en ordenadas la recaudación fiscal (T) que se consigue a ese tipo impositivo. El máximo aparece en el centro por cuestiones de claridad, en una curva real podría estar desplazado a la izquierda, aunque más posiblemente a la derecha.

La curva de Laffer se basa en el hecho de que hay un momento a partir del cual el incremento de los tipos impositivos supone una caída de la recaudación (y a la inversa). La razón es que el incremento del tipo impositivo implica incremento de precios o reducción del poder adquisitivo del ciudadano, lo que redunda en una reducción del consumo. Esta bajada de la actividad económica hace bajar hasta tal punto la recaudación de impuestos de la Administración que no es compensada por el incremento de tipo impositivo. Además, hay más incentivos también para defraudar impuestos (más economía sumergida) y de fuga de capitales (por ejemplo el reciente cambio de residencia de Gerard Depardieu, de Francia a Bélgica). La pregunta del millón es pues saber cuál es el punto de equilibrio del gráfico. Los expertos concluyen que depende de la situación de cada país.

Para valorarlo a la práctica, podemos ver qué efecto han tenido las subidas mencionadas anteriormente del IRPF y del IVA en 2012. ¿Han supuesto una mayor o menor recaudación? En otras palabras, ¿estábamos a la izquierda del punto de equilibrio o a la derecha?

En los diez primeros meses del año, los ingresos por IRPF sumaron 60.237 millones, un 1,2% más que hace un año. En cambio, la subida del IVA no ha podido evitar una caída de la recaudación. Hasta octubre, el tributo ha proporcionado 43.865 millones, un 3,6% menos que en el mismo período del año pasado.

Esto nos da una idea de que una subida de impuestos no implica siempre una mayor recaudación impositiva, y viceversa, ya que depende de si ha sobrepasado o no el punto de equilibrio. Por tanto, y por el bien de todos, convendría que las Administraciones pertinentes hicieran un esfuerzo y ajustaran el cálculo al máximo posible para futuras medidas en la política fiscal.

Una vez hecho el análisis, nuestra opinión es que aunque la subida del IRPF ha sido positiva para el Estado, creemos que dada la coyuntura económica no ha sido el mejor momento para ello, ya que ha reducido el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que significa más problemas para las empresas y por tanto más despidos. Algunos dirán que es la única solución posible, y que sólo podemos permitirnos el Estado del Bienestar que tenemos si las administraciones recaudan más. No obstante, es igual de cierto que no es justo que los ciudadanos sean los que paguen las consecuencias del déficit que hay.

Naujip

Antecedentes:

Para poder establecer un marco contextual acorde con la complejidad del caso que nos ocupa nos tendríamos que remontar a los inicios de la banca moderna con el objetivo de entender cómo y por qué se ha llegado donde nos encontramos en la actualidad. Si bien muchas reflexiones serían dignas de ser analizadas cuidadosamente, me gustaría avanzarme y empezar con una fecha clave, el 29 de julio de 2010. Ese mismo día, el consejo de administración de Caja Madrid aprobó el contrato de integración de la entidad con Bancaja y otras cinco cajas de menor tamaño (Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja). De esta manera, se creaba un gran grupo financiero, valorado en 340.000 millones de euros y denominado Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

En un principio no parecía una mala decisión puesto que en una época de clara contracción de la economía, la integración de entidades financieras era extremadamente necesaria para hacer frente a la mala gestión realizada en los años previos de crecimiento descontrolado y traducida en balances altamente perjudicados por activos o ladrillos tóxicos. La incógnita recaía en saber si la unión permitiría o no reflorecer al bloque de Cajas.

Además, desde hacía ya un par de años, un organismo estatal denominado FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) había sido creado para gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y para reforzar los recursos propios en el proceso de integración entre entidades. Bien sea dicho que el 75% de su efectivo dependía directamente de los Presupuestos Generales del Estado.

La salida a bolsa de Bankia:

Aunque en un principio portavoces del BFA declararon que no sería necesaria inyección de capital alguna, en abril de 2011, el BFA transmitió a Bankia todo el negocio bancario con vistas a una inminente salida a bolsa. Ese mismo día, también se aprobó la emisión de las tan nombradas participaciones preferentes convertibles y suscritas por el FROB1 por importe de 4.465 millones de euros. Con ambas operaciones, Bankia conseguía superar los requisitos mínimos de solvencia del Banco de España.

Dos argumentos hacían prever que la salida a bolsa de Bankia no sería negocio redondo para nadie. En primer lugar, Bankia tuvo serios problemas para encontrar accionistas institucionales que apostaran por su acción y únicamente pudo conseguir el soporte del 40% del total de acciones emitidas; dejando el 60% restante en manos de minoristas o “bankeros”; y en segundo lugar, en un momento de clara tendencia bajista, sobre todo en el sector financiero, ninguna salida era susceptible de tener grandes expectativas de éxito. Consecuentemente, su salida se realizó a 3,75 euros por acción, o en otras palabras, con un descuento del 60% sobre su valor contable.

A todo esto, cada vez había más desconfianza en los ladrillos que Bankia tenía en sus balances pero paradójicamente, la salida a bolsa se vendió como una gran oportunidad para los accionistas minoritarios y una operación esencial para recuperar la confianza sobre el sistema financiero español.

La nacionalización de Bankia y el rescate al sistema financiero español:

Ante el descenso imparable de la cotización de las acciones de Bankia y viendo la dificultad de recuperar la inversión realizada en el futuro, el Gobierno ejercitó el derecho de conversión de las participaciones preferentes del FROB1 en acciones; nacionalizando de esta manera el cuarto mayor banco de España. Eso sí, desde el Gobierno se transmitió un mensaje bien diferente, pues aseguraban que se trataba de una medida que beneficiaría a todos, ya que en el momento que Bankia se recuperara, se vendería y se recuperaría todo el capital invertido (o tirado a la basura).

Con la situación ya descontrolada y después de sucederse acciones que más que solucionar el problema real iban encaminadas a apagar los fuegos originados; finalmente las entidades más afectadas fueron auditadas y el resultado de dichas auditorías dejó claro que ni la creación del FROB en 2008 ni cualquier otra medida que se tomara a nivel nacional sería suficiente para hacer frente a lo que podemos considerar el agujero más negro de la historia de la economía española.

La consecuencia inmediata no nos ha salido nada barata porque aunque el rescate de hasta 100.000 millones de euros sea un hecho y se esté intentando negociar, nadie sabe a ciencia cierta si el garante último del mismo será el Estado español o los propios bancos, es decir, puede que acabe computando como deuda pública; mientras que los intereses como déficit público. Y para todos aquellos que piensen que este rescate tendrá un efecto positivo en la prima de riesgo que se vayan olvidando pues esta deuda es considerada deuda senior, es decir, en caso de bancarrota tendrá la mayor prioridad para ser devuelta…y en situaciones como la actual, dar crédito sabiendo que serás el último en recuperarlo no genera confianza alguna, menos la de todos los españoles que sin quererlo ni beberlo nos encontramos participando activamente en socorrer con recortes y subidas de impuestos una gestión pésima tanto de las entidades financieras como la de aquellos que nos han gobernado y gobiernan.

Como María y queramos o no, nos hemos convertido en un país de “bankeros” y sólo nos queda esperar que algún día se juzgue con todas las consecuencias que pueda conllevar a todos aquellos que nos han llevado donde estamos y que si algún día todas estas entidades afectadas por el ladrillo tóxico se vuelven a recuperar, se nos haga partícipes también de los beneficios…pero sinceramente, mi visión aparte de crítica es tremendamente pesimista.    

DVM