Antecedentes:

Para poder establecer un marco contextual acorde con la complejidad del caso que nos ocupa nos tendríamos que remontar a los inicios de la banca moderna con el objetivo de entender cómo y por qué se ha llegado donde nos encontramos en la actualidad. Si bien muchas reflexiones serían dignas de ser analizadas cuidadosamente, me gustaría avanzarme y empezar con una fecha clave, el 29 de julio de 2010. Ese mismo día, el consejo de administración de Caja Madrid aprobó el contrato de integración de la entidad con Bancaja y otras cinco cajas de menor tamaño (Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja). De esta manera, se creaba un gran grupo financiero, valorado en 340.000 millones de euros y denominado Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

En un principio no parecía una mala decisión puesto que en una época de clara contracción de la economía, la integración de entidades financieras era extremadamente necesaria para hacer frente a la mala gestión realizada en los años previos de crecimiento descontrolado y traducida en balances altamente perjudicados por activos o ladrillos tóxicos. La incógnita recaía en saber si la unión permitiría o no reflorecer al bloque de Cajas.

Además, desde hacía ya un par de años, un organismo estatal denominado FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) había sido creado para gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y para reforzar los recursos propios en el proceso de integración entre entidades. Bien sea dicho que el 75% de su efectivo dependía directamente de los Presupuestos Generales del Estado.

La salida a bolsa de Bankia:

Aunque en un principio portavoces del BFA declararon que no sería necesaria inyección de capital alguna, en abril de 2011, el BFA transmitió a Bankia todo el negocio bancario con vistas a una inminente salida a bolsa. Ese mismo día, también se aprobó la emisión de las tan nombradas participaciones preferentes convertibles y suscritas por el FROB1 por importe de 4.465 millones de euros. Con ambas operaciones, Bankia conseguía superar los requisitos mínimos de solvencia del Banco de España.

Dos argumentos hacían prever que la salida a bolsa de Bankia no sería negocio redondo para nadie. En primer lugar, Bankia tuvo serios problemas para encontrar accionistas institucionales que apostaran por su acción y únicamente pudo conseguir el soporte del 40% del total de acciones emitidas; dejando el 60% restante en manos de minoristas o “bankeros”; y en segundo lugar, en un momento de clara tendencia bajista, sobre todo en el sector financiero, ninguna salida era susceptible de tener grandes expectativas de éxito. Consecuentemente, su salida se realizó a 3,75 euros por acción, o en otras palabras, con un descuento del 60% sobre su valor contable.

A todo esto, cada vez había más desconfianza en los ladrillos que Bankia tenía en sus balances pero paradójicamente, la salida a bolsa se vendió como una gran oportunidad para los accionistas minoritarios y una operación esencial para recuperar la confianza sobre el sistema financiero español.

La nacionalización de Bankia y el rescate al sistema financiero español:

Ante el descenso imparable de la cotización de las acciones de Bankia y viendo la dificultad de recuperar la inversión realizada en el futuro, el Gobierno ejercitó el derecho de conversión de las participaciones preferentes del FROB1 en acciones; nacionalizando de esta manera el cuarto mayor banco de España. Eso sí, desde el Gobierno se transmitió un mensaje bien diferente, pues aseguraban que se trataba de una medida que beneficiaría a todos, ya que en el momento que Bankia se recuperara, se vendería y se recuperaría todo el capital invertido (o tirado a la basura).

Con la situación ya descontrolada y después de sucederse acciones que más que solucionar el problema real iban encaminadas a apagar los fuegos originados; finalmente las entidades más afectadas fueron auditadas y el resultado de dichas auditorías dejó claro que ni la creación del FROB en 2008 ni cualquier otra medida que se tomara a nivel nacional sería suficiente para hacer frente a lo que podemos considerar el agujero más negro de la historia de la economía española.

La consecuencia inmediata no nos ha salido nada barata porque aunque el rescate de hasta 100.000 millones de euros sea un hecho y se esté intentando negociar, nadie sabe a ciencia cierta si el garante último del mismo será el Estado español o los propios bancos, es decir, puede que acabe computando como deuda pública; mientras que los intereses como déficit público. Y para todos aquellos que piensen que este rescate tendrá un efecto positivo en la prima de riesgo que se vayan olvidando pues esta deuda es considerada deuda senior, es decir, en caso de bancarrota tendrá la mayor prioridad para ser devuelta…y en situaciones como la actual, dar crédito sabiendo que serás el último en recuperarlo no genera confianza alguna, menos la de todos los españoles que sin quererlo ni beberlo nos encontramos participando activamente en socorrer con recortes y subidas de impuestos una gestión pésima tanto de las entidades financieras como la de aquellos que nos han gobernado y gobiernan.

Como María y queramos o no, nos hemos convertido en un país de “bankeros” y sólo nos queda esperar que algún día se juzgue con todas las consecuencias que pueda conllevar a todos aquellos que nos han llevado donde estamos y que si algún día todas estas entidades afectadas por el ladrillo tóxico se vuelven a recuperar, se nos haga partícipes también de los beneficios…pero sinceramente, mi visión aparte de crítica es tremendamente pesimista.    

DVM

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